Permítame
apreciado lector reproducir la columna “NOBEL AL REPUDIO FINANCIERO” del
abogado y prestigioso profesor universitario de Derecho Financiero, Rafael
Rodríguez-Jaraba, publicada en el periodico El País, de Cali, el 4 de noviembre
del 2006. Difícil encontrar un escrito más certero y lapidario en relación con
esta décima y última mentira:
“NOBEL AL REPUDIO FINANCIERO”
Nada difícil resulta interpretar la entrega del Premio Nóbel
de Paz a Mamad Yunus, creador del Grameen Bank, como una señal inequívoca del
repudio que produce la desatención de las necesidades de crédito de la
población más vulnerable por parte de las instituciones financieras en los
países del tercer mundo.
Premiar al Grameen Bank por desarrollar un negocio que
arroja moderados márgenes, que le permiten efectuar operaciones activas de
microcrédito con cerca de seis millones de usuarios pobres, no debería ser
motivo suficiente para otorgar un galardón tan señalado como el Nóbel.
El otorgamiento de microcréditos es una necesidad cierta y
sentida, que no debería ser excepcional ni meritoria, ni servir de catapulta
política o ser objeto de despliegues de sensiblería humanitaria.
Otorgar microcréditos para apalancar pequeños proyectos
productivos es determinante para promover el progreso social. No hacerlo, en cambio, es desatender el
cumplimiento de un mandato legal que resulta fundamental para promover
oportunidades de progreso.
Lo que si puede resultar meritorio es destinar un capital para irrigar crédito a
los sectores desatendidos por la banca
formal y, más meritorio aún, reinvertir las jugosas ganancias aumentando
el capital disponible y la cobertura del servicio a más personas necesitadas.
Por eso, no es aventurado inferir que el Comité Nóbel
Noruego interpretó el malestar generalizado de la población ante el abuso de la
posición dominante y, en ocasiones, colusoria que ejercen los agentes del
mercado financiero y con el otorgamiento del Premio Nóbel hizo un claro llamado
de atención a banqueros y gobiernos.
Pocas cosas le producen tanto malestar a la opinión pública
como examinar mes a mes los siderales rendimientos que obtiene el sistema
financiero, en buena medida producto de la tolerancia estatal que permite el
cobro de servicios caros y el usufructo de márgenes de intermediación
exorbitantes por la prestación de un servicio público básico para afianzar el
desarrollo. Estas utilidades son
obtenidas como resultado de la necesidad de las empresas de valerse del sistema
financiero para dar formalidad a la administración de sus negocios.
Si bien el desarrollo requiere de un sistema financiero
sólido y sostenible, la intermediación no debe ser el mejor negocio y de serlo
se convierte en una actividad lesiva a la productividad, que “desbancariza” lo
población, agobia al sector real, desestímula la inversión y concentra
malamente la riqueza.
El estado debe ser respetuoso del mercado, pero no debe
tolerar prácticas abusivas que envilecen la economía. En Colombia, el mercado financiero está
desbordado, pero el Estado no lo reconoce y por temor a mostrarse
intervencionista termina siendo complaciente con sus abusos.
En la mayoría de los bancos, las quejas son inefables, la
mala atención inadmisible y los cobros abusivos una constante. Las autoridades financieras insisten en la
autorregulación, pero la aplicación de estos instrumentos no produce mejoras,
los abusos se perpetúan y están acostumbrando a los usuarios a la indefensión y
la resignación.
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